Para nadie son un secreto los jugosos negocios que llevan a cabo funcionarios del gobierno del Estado, con el ejemplo desde luego de quien encabeza  el poder ejecutivo: Carlos Mendoza.

Siendo éste un pueblo chico, todo se sabe, y es vox populi que muchos de los funcionarios del gobierno estatal, incluidos desde luego el gobernador, llevan a cabo jugosos negocios a costa de las arcas públicas; ya desde el 2016 la Auditoría Superior de la Federación había detectado irregularidades en el manejo de los recursos públicos hasta por mil 200 millones de pesos, como pago a profesores fantasma hasta por 215 millones de pesos.  Así la actual administración ha venido acumulando una serie de malos manejos, no solo del dinero que recauda de los ciudadanos y del que la federación envía a BCS, sino que también ha dispuesto de espacios e infraestructura pública para rentarlos,  prestarlos o darlos en comodato para que empresas privadas, algunas de él mismo y de sus testaferros, para provecho personal como los estadios o la unidad deportiva recién remodelada con dinero público y entregada a una empresa particular para haga negocio  y saque provecho con algo que los ciudadanos pagamos.

Otra de las cosas que sin buscarle mucho han ido quedando expuestas ante la opinión pública, es que funcionarios del gobierno son proveedores de bienes y servicios a la  propia administración estatal, como es el caso de Joel Ávila que a través de su empresa  Grupo Idea Consulting factura al gobierno del estado donde él mismo es funcionario sin pudor alguno. Ahora, no a través del Órgano de Fiscalización del Congreso o del Instituto de Transparencia que son dos bodrios inútiles que están resultando una gran carga financiera para los ciudadanos pues no aportan nada a la rendición de cuentas y transparencia del manejo de los recursos, sino a través del SAT, se viene a confirmar lo que también era un secreto a voces, el gobierno del estado y sus funcionarios son los principales beneficiados con la compra de facturas falsas a empresas fantasma para robarse el dinero.

No fue en vano la decisión del gobierno federal de eliminar la mayor parte de los fideicomisos, pues estos fideicomisos salían de la esfera pública, es decir, el dinero ahí depositado ya no era sujeto de ser fiscalizado, ni de ser gastado conforme a los procedimientos que regulan el gasto público, dinero que entraba a un fideicomiso, no se volvía a saber de él, ni cómo, ni cuándo ni bajo qué criterios se gastó, de ahí que no fuera en vano la molestia de los gobernadores de que les cerraran esa fuente de ingresos  que ya veían como personal.  A través de estos fideicomisos y de otros fondos federales principalmenmte, los funcionarios públicos de ayuntamientos y del gobierno del estado compran facturas a empresas creadas para eso, simulan compras de equipo, pagan servicios de mantenimiento, estudios y evaluaciones, en fin, inventan un montón de gastos que no se llevan a cabo pero que justifican con las facturas de estas empresas que no existen más que en el papel, no tienen personal ni están capacitadas para brindar servicios de asesoría y otros muchos conceptos por los que cobran y no llevan a cabo en realidad, en Finanzas, Turismo y la Secretaría de Desarrollo tienen una mina de oro con este sistema de defraudación en la actual administración.

Mientras Carlos Mendoza pretende erigirse en mártir del federalismo, en el estado él y sus funcionarios quebrantan las finanzas públicas, especialmente los recursos federales, comprando facturas falsas para quedarse con el dinero de los ciudadanos. Lamentablemente eso seguramente es solo la punta del iceberg de los grandes entramados de corrupción tan sofisticados que nos dejaron los gobiernos pasados, éste es el esquema de la famosa estafa maestra, un intrincado sistema de triangulaciones entre empresas y funcionarios para simular y justificar gastos que nunca se hicieron, ahora falta ligar esta defraudación que se está desenmarañando por parte de la autoridad fiscal, falta ver cuántas de esas facturas han servido para solventar o justificar los desfalcos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, ahora que se detectó esta simulación, habrá que ver cuántas de estas facturas falsas se usaron para justificar otros gastos que se habían dado por buenos cuando se auditaron sin saber que estaban sustentados sobre facturas apócrifas.

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